José Arroyo Rodríguez fue llamado a las filas sublevadas cuando se produjo el golpe de Estado, pero se evadió voluntariamente a la retaguardia republicana donde pasó el resto de la Guerra Civil. Tras la caída del Frente Norte, permaneció oculto en el monte en calidad de huido. Fue detenido y condenado a catorce años, ocho meses y un día de prisión. Estuvo internado en la Prisión Militar de San Marcos. 

Fue sometido a un expediente de responsabilidades civiles que empezó a tramitarse el 12 de noviembre de 1938 por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León. Dicho procedimiento quedó inconcluso. Con la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 fue retomado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid, pero también quedó inconcluso.