Prudencio Juárez Rebollo estaba afiliado a la UGT. Cuando las tropas sublevadas llegaron a Orallo, huyó a Gijón. Primero se dedicó a trabajar en el servicio de Fortificaciones y después se enroló en el Batallón 242. Tras la caída del Frente Norte astur-leonés, se entregó a las tropas sublevadas entre los días 24 y 25 de octubre de 1937. Posteriormente fue sometido a un juicio sumarísimo en el que fue condenado a veinte años y un día de prisión. Pasó por el campo de concentración de San Marcos, por el Destacamento Penal de Fabero y por las prisiones de partido de Ponferrada y de Valencia de Don Juan. Obtuvo la libertad condicional en 1945.

El 14 de octubre de 1938 la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León incoó contra él un expediente de responsabilidades civiles que quedó inconcluso por la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Esto permitió que el procedimiento fuera retomado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid que terminó decretando el sobresimiento del procedimiento.