Alejandro Amarín fue sometido a un expediente de responsabilidades civiles incoado  en marzo de 1937 por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León. El expediente quedó inconcluso. En 1939 pasó a la jurisdicción de responsabilidades políticas tras la promulgación de la Ley de ese mismo año. Nuevamente, quedó sin acciones y, finalmente, fue sobreseído debido al retraso en la tramitación y a la entrada en vigor de la Reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1942.