Aurea Prieto Álvarez es acusada de haber participado en todo tipo de manifestaciones. Tras el golpe de Estado se encargó de la recogida de armas en la retaguardia republicana, vestida con prendas rojas y con un cuchillo colgado de la cintura. Tras la caída del Frente Norte fue detenida y condenada a treinta años y un día de prisión.

Posteriormente fue sometida a un expediente de responsabilidades civiles que empezó a tramitarse el 11 de febrero de 1939 por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León. Dicho procedimiento quedó inconcluso. Con la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 fue retomado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid, pero también quedó inconcluso.