Luciano Rodríguez Ordás estaba afiliado a la UGT. Tras el inicio de la sublevación militar, se pasó a la retaguardia sublevada, integrándose en el Batallón 249 en calidad de miliciano. Tras la caída del Frente Norte astur-leonés,  se entregó a las tropas sublevadas el 21 de octubre de 1937. Fue sometido a un juicio sumarísimo por un delito de auxilio a la rebelión y fue condenado a catorce años, ocho meses y un día, pasando por el campo de concentración de San Marcos, la Prisión Provincial de León, el destacamento penal de Fabero y las prisiones de partido de Ponferrada y Valencia de Don Juan. En agosto de 1941 le fue concedida la libertad condicional.

El 14 de octubre de 1938 la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León incoó contra él un expediente de responsabilidades civiles que quedó inconcluso por la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Esto permitió que el procedimiento fuera retomado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid que terminó decretando el sobresimiento del procedimiento.