Marcelino Aller Fernández estaba afiliado a la UGT. Participó en la Revolución de 1934 y por ello fue condenado a treinta años y un día de prisión. Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 recibió un indulto. Cuando se produjo la sublevación militar, se encontraba en su localidad de residencia, La Devesa de Boñar, hasta el día 4 de noviembre de 1936, momento en el que se pasó a la retaguardia republicana en calidad de refugiado. Allí prestó servicios en la Asistencia Social. Tras la caída del Frente Norte astur-leonés, se entregó en La Devesa de Boñar. Posteriormente fue sometido a un juicio sumarísimo y condenado a veinte años y un día de prisión. Dicha condena fue conmutada por la de doce años y un día de prisión en el año 1942.

El 11 de julio de 1938 la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León incoó contra ella un expediente de responsabilidades civiles que quedó inconcluso por la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Esto permitió que el procedimiento fuera retomado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid que terminó decretando el sobresimiento del procedimiento.