Gumersindo Pascual Fernández estaba afiliado al Frente Popular, organización para la que parece que desarrollaba actividades propagandísticas. Cuando se produjo la sublevación militar, se encontraba en su localidad de residencia, Villamanín, en la que se encargó de organizar la resistencia al avance de las tripas sublevadas. Posteriormente, se incorporó voluntariamente como miliciano. Tras la caída del Frente Norte astur-leonés, fue detenido y condenado a doce años y un día, acusado de un delito de auxilio a la rebelión.

El 25 de mayo de 1938 la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León incoó contra él un expediente de responsabilidades civiles que quedó inconcluso por la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Esto permitió que el procedimiento fuera retomado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid que terminó decretando el sobresimiento del procedimiento.