Rufino Álvarez Rodríguez, afiliado al Partido Comunista, se encontraba en la coladidad de Monforte en el momento en el que se produjo la sublevación militar. En el mes de noviembre de 1936 se trasladó a Sariegos y desde ahí se pasó a al retaguardia republicana, enrolándose como miliciano en el Batallón 256. Cuando se produjo la caída del Frente Norte astur-leonés fue detenido y condenado en un juicio sumarísmo a la pena de muerte. Esta condena fue conmutada en el año 1938 por la de treinta años y un día de prisión y, posteriormente, por la de ocho años y un día de prisión. Pasó por el campo de concentración de San Marcos, por la Prisión Provincial de León y por la Prisión Central de Burgos.

Posteriormente,  fue sometido a un expediente de responsabilidades civiles incoado  el 14 de octubre de 1938 por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León. El expediente quedó inconcluso. En 1939 pasó a la jurisdicción de responsabilidades políticas tras la promulgación de la Ley de ese mismo año. Nuevamente, quedó sin acciones y, finalmente, fue sobreseído debido al retraso en la tramitación y a la entrada en vigor de la Reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1942.