José Arija Laborda, militante de UGT, se pasó a la retaguardia republicana en calidad de refugiado cuando empezó la Guerra Civil. No fue sometido a ningún juicio sumarísimo. Por la información que aporta la documentación conservada sobre él, podría haber sido asesinado de forma extrajudicial.

El 22 de abril de 1937 la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León le incoó un expediente de responsabilidades civiles. Tras su instrucción, le fue impuesta una sanción de 5000 pesetas. Como ni él ni sus familiares disponían de los recursos económicos suficientes, el expediente quedó archivado temporalmente hasta su indulto definitivo en el año 1959.