Manuel Soto Castro es acusado de ser un gran propagandista y de haberse alegrado de los ataques republicanos sobre León. Tras el golpe de Estado, permaneció oculto hasta el 3 de noviembre de 1936, momento en el que se entreó a las autoridades sublevadas. Le condenaron a treinta años y un día de prisión. Estuvo preso en la Prisión Provincial de León.

El 29 de mayo de 1937 la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León le incoó un expediente de responsabilidades civiles en el que se le impuso una sanción de 1000 pesetas. Dicha sanción fue pagada parcialmente por sus familiares, por lo que el procedimiento quedó finalmente sobreseído.