Antonio González Gaarcía había estado detenido por su participación en la Revolución de 1934. Cuando se produjo la sublevación militar se pasó voluntariamente a la retaguardia republicana, enrolándose como miliciano en uno de los batallones. Tras la caída del  Frente Norte astur-leonés, fue detenido y sometido a un juicio sumarísmo en el que recibió la condena de treinta años y un día de prisión. En el año 1943 dicha condena fue conmutada por la de ocho años y un día de prisión. Pasó por la Prisión Provincial de León y por la Prisión de Partido de Ponferrada.

Posteriormente,  fue sometido a un expediente de responsabilidades civiles incoado  el 11 de julio de 1938 por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León. El expediente quedó inconcluso. En 1939 pasó a la jurisdicción de responsabilidades políticas tras la promulgación de la Ley de ese mismo año. Nuevamente, quedó sin acciones y, finalmente, fue sobreseído debido al retraso en la tramitación y a la entrada en vigor de la Reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1942.