Paulino García Ordóñez no militaba, aparentemente, en ninguna organización política. Cuando se produjo la sublevación militar, se encontraba en su localidad de residencia. Allí permaneció hasta el 12 de septiembre de 1936, momento en el que se pasó a la retaguardia republicana, enrolándose como miliciano. A la caída del Frente Norte astur-leonés fue detenido y sometido a un juicio sumarísimo en el que se le condenó a treinta años y un día de prisión. Dicha pena fue conmutada en el año 1941 por la de seis años y un día de prisión. Pasó por el campo de concentración de San Marcos, por la Prisión Provincial de León, por al Prisión Central de Astorga y por el Destacamento Penal de Fabero.

Posteriormente,  fue sometido a un expediente de responsabilidades civiles incoado  el 14 de octubre de 1938 por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León. El expediente quedó inconcluso. En 1939 pasó a la jurisdicción de responsabilidades políticas tras la promulgación de la Ley de ese mismo año. Nuevamente, quedó sin acciones y, finalmente, fue sobreseído debido al retraso en la tramitación y a la entrada en vigor de la Reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1942.